Una monografía actualiza los datos sobre los subproductos de desinfección que genera el cloro en el agua

Rafael J. García-Villanova, catedrático de la Universidad de Salamanca, ha estudiado durante más de dos décadas la formación en el agua clorada de moléculas potencialmente peligrosas para la salud.

Rafael J. García-Villanova, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca, ha publicado la obra ‘Subproductos de desinfección-cloración del agua’, en la que analiza cómo el cloro reacciona con la materia orgánica presente de manera natural en las aguas, dando lugar a moléculas potencialmente tóxicas.

“El cloro es el reactivo universal, con gran diferencia el más usado para la desinfección”, explica el autor. Su función es inactivar a los microorganismos patógenos, y en la actualidad se utiliza de forma generalizada desde que a principios del siglo XX comenzara de forma lenta y progresiva su aplicación. Su principal acción se produce sobre las bacterias del agua, mientras que puede ser menos eficaz para otros patógenos, como algunos virus y aún menos eficaz frente a protozoos. No es la única opción para la desinfección del agua, pero es la más barata y la que requiere una menor cualificación del personal en su aplicación.

Sin embargo, en la década de los setenta se conoció que, de forma inevitable, genera subproductos resultantes de su reacción con la materia orgánica natural de las aguas, que procede de su contacto con el suelo y el material vegetal. Las aguas llegan así a las plantas de potabilización urbanas donde, en contacto con el cloro, esta materia orgánica produce moléculas de pequeño tamaño, cuyo consumo continuado a lo largo de la vida podría tener alguna responsabilidad en determinados tipos de cáncer o afectar a la reproducción en algunos de sus estadios.

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En 1998, la directiva 98/83 de la Comisión Europea estableció la obligación de reducir la cantidad de un grupo de estos compuestos, los trihalometanos, a un valor máximo de 100 microgramos por litro de agua. El Gobierno español solicitó una moratoria de 10 años para conseguirlo, argumentando que los países del sur de Europa se suelen abastecer mayoritariamente de aguas superficiales, que arrastran más carga orgánica, aparte de tener mayores temperaturas, otro factor importante. Las mediciones de estos compuestos daban resultados tan elevados que se hacía necesario realizar modificaciones importantes en los tratamientos de potabilización.

El equipo de Rafael García-Villanova estudió y monitorizó la situación en Castilla y León, donde las aguas de corrientes fluviales usadas para abastecimiento de algunas poblaciones presentaban características naturales de su materia orgánica que les conferían un elevado potencial de formación de trihalometanos, lo que obligaba a extremar la selección y optimización del tratamiento. En el año 2007, uno antes de cumplirse el plazo necesario para lograr el objetivo que marcaba Europa, todas las plantas potabilizadoras de la comunidad controladas habían logrado reducir esos valores por debajo del nuevo límite, todo “un éxito y una garantía de seguridad” para los ciudadanos.

Así mismo ocurrió en el resto de España. Muchas poblaciones tuvieron que optimizar o introducir medidas novedosas, como coagular más eficazmente u oxidar esa materia orgánica de forma previa, optimizar la dosificación de cloro, combinarla con cloraminas, aplicar desinfectantes-oxidantes alternativos o introducir carbón activo en los filtros. A pesar de todo, las investigaciones prosiguen, puesto que la evolución de los instrumentos analíticos hace que recientemente se hayan detectado otros subproductos de cloración, si bien en cantidades extremadamente pequeñas, por ejemplo nitrosaminas, también clasificadas como sospechosas de carcinogenicidad.

 La dificultad de realizar estudios epidemiológicos

“Es difícil establecer una relación epidemiológica entre el consumo de agua clorada y las enfermedades, por diversos factores”, apunta el científico. Los estudios son retrospectivos y necesitan décadas de observación en personas que consumieran las mismas aguas, con el mismo tratamiento, y aun así pueden depender de muchos otros factores de difícil control por los investigadores.

Además, no todas las aguas son iguales. En cada lugar pueden transportar diferente tipo de materia orgánica y, por lo tanto, producir subproductos muy diversos al contacto con el cloro. De hecho, ya se han descrito más de 600 y pueden ser tan variados porque dependen del tipo de vegetación propio de cada lugar que entre en contacto con las aguas, así como del tipo de suelo o de clima.

Por otra parte, la manera en la que estas pequeñas concentraciones puedan afectar a cada persona también es muy diversa. La carga genética particular puede predisponer a desarrollar o no determinadas enfermedades tras una larga exposición. Realizar estudios epidemiológicos sobre este tema resulta extremadamente complejo, y los muchos ya publicados reconocen ofrecer resultados cuestionables, salvo quizá para el cáncer de vejiga urinaria. Además, se desconoce qué responsabilidad puede tener cada uno de los subproductos que contienen las aguas cloradas. Hay estudios que atribuyen hasta un 20% de los cánceres de vejiga a la exposición prolongada a ellos, mientras que el otro 80% estaría relacionado con factores alimentarios, ambientales o de estilo de vida.

En cualquier caso, hoy por hoy no es fácil encontrar una alternativa al cloro que pueda ser económicamente viable para toda población o país. El empleo de ozono o radiación ultravioleta está extendido en muchos abastecimientos, pero es costoso en instalaciones, consumo y cualificación del personal, y hoy se sabe que tampoco está exento del riesgo a otros subproductos ahora conocidos. Los responsables de salud pública, valoran como prioritario el objetivo de la cloración, es decir, mantener exenta el agua de microorganismos patógenos, frente a una probabilidad incierta de que a largo plazo pudieran derivarse efectos adversos sobre la salud.

La obra monográfica de Rafael García-Villanova recoge todas estas cuestiones, las aportaciones científicas más recientes al problema, y su experiencia de 25 años de investigación aplicada a la salud pública.

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